La mayor parte de conflictos sociales en el Perú se generan en torno a la explotación minera y de hidrocarburos. Estos se incrementaron desde que el gobierno del presidente Alan García aumentó significativamente las concesiones. Estas se dieron sin un ordenamiento territorial previo, y sin considerar si involucraban bosques o tierras de comunidades o en proceso de titulación. Aquellas concesiones, por tanto, traían consigo conflictos asegurados. La forma en que se dan las concesiones, por tanto, es un primer aspecto a revisar del próximo gobierno.
El proceso de concesiones ha sido de tal envergadura que sólo las mineras, en el 2014, representaban el 20% del territorio nacional, alcanzando en Moquegua el 70% y en Apurimac el 67.8% , según señaló en ese año el consorcio Propuesta Ciudadana.
En abril del 2016, según la Defensoría del Pueblo, el 69.4% de los conflictos sociales (209) se debían a asuntos socioambientales. Los conflictos mineros y en torno a hidrocarburos están relacionados con la seguridad territorial, la limpieza medioambiental y el agua.
A esto se ha sumado en los últimos años la intensificación de los conflictos en torno a la minería informal. Parte de la dificultad para solucionar este problema está relacionada con las concesiones otorgadas: no se les puede formalizar si el concesionario no lo autoriza.
Algunos de los mineros informales en los Andes provienen de localidades donde la minería es una actividad de larga data. En Colombia, para estos casos, existe la figura de la pequeña “minería tradicional”, término que permite un tratamiento diferenciado y que incluso obliga a los concesionarios a buscar soluciones con ellos. En el Perú podría empezar a diferenciarse legalmente estas situaciones para explorar soluciones, pero en nuestro caso también tenemos casos como el de la minería informal y otros tipos de explotación ilegal de recursos como lo que sucede en el sector forestal. Al estar vinculados, además, con un impacto medio ambiental considerable y, en varios casos, con delitos como la explotación infantil, el problema se hace aún más complejo.
En todas esas situaciones, la voluntad política es un aspecto esencial para afrontar los conflictos, voluntad para liderar el diálogo y un proceso serio de acompañamiento a la solución. Pero también es fundamental replantearse la forma como se afrontan los conflictos institucionalmente.
No es cuestión de convocar expertos o crear más oficinas. Un problema tiene que ver con cómo está sectorializado el Ejecutivo. Cuando los conflictos ocurren, se hacen presentes varios ministros (en el mejor de los casos), cada uno tomando nota. Pero ¿quién se encarga de articular esa respuesta y dar un seguimiento efectivo, con capacidad de “enmendar la plana” a los más altos funcionarios de todos los sectores comprometidos?
El Estado debe reformarse de tal manera que la sectorialización no debilite su efectividad de cara a los conflictos sociales, pero también frente a iniciativas de desarrollo. Se requiere un MEF más acotado y una cabeza del ejecutivo (PCM) con capacidad de articulación y liderazgo. También es necesario mejorar la articulación entre el gobierno nacional y los regionales.
La reforma estatal debiera contribuir a mejorar la implementación de la Consulta Previa. La lentitud con que vienen desarrollándose los procesos de consulta se debe, en buena medida, a la falta de voluntad política, pero también a esa “sectorialización”. Es necesario fortalecer la institucionalidad, por un lado, del Viceministerio de Interculturalidad, pero, por otro, nuevamente, de una PCM que garantice el cumplimiento oportuno en cada sector (al Minem, por ejemplo). De no ser así, la Consulta Previa seguirá teniendo problemas para llevarse a cabo de manera fluida. La solución colombiana consistió en implementar la consulta desde un solo equipo del ejecutivo (dentro del Ministerio de Interior), especializado, con más de cien profesionales. En todo caso, es importante evaluar la manera en que pueda, aplicarse regular y oportunamente.
(Foto: Miguel Mejía)
(Artículo publicado originalmente en la revista PODER, junio 2016)
